El gobierno del panista, Miguel Ángel Yunes Linares, se ha negado a acatar las sentencias dictadas por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado y de juzgados de Distrito para indemnizar y reinstalar a los trabajadores que fueron despedidos injustificadamente durante la administración pasada, y en mayor medida, durante la actual.

Hay por lo menos 60 juicios a favor de ex empleados del Ejecutivo estatal, equivalentes a una deuda de alrededor de 70 millones de pesos. El juzgado Décimo Séptimo de Distrito también emitió una orden para que se obligara a cumplir, pero esta orden tampoco se ha acatado.

El caso podría llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues el despacho jurídico Viades, Llanes y Asociados envió una solicitud al Tribunal Colegiado de Circuito para que se separe a Yunes Linares de su cargo. 

Han sido aproximadamente 3 mil personas las que han sido despedidas de dependencias estatales, principalmente de las secretarías de Educación, Salud, Seguridad Pública, de Gobierno, Protección Civil y Turismo.