El pasado 30 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Seguridad Interior, la cual determina las nuevas facultades del Presidente de la República para ordenar la movilización del ejército a cualquier parte del país en el que lo considere necesario para acabar con los problemas de seguridad interior y neutralizar amenazas.

Como era de esperarse, esta ley ha causado polémica por el peligro latente de una ocupación y represiones militares contra la ciudadanía.

A continuación, te presentamos los puntos más importantes que trata la Ley de Seguridad Interior:

  • El art. 11 establece que el Presidente podrá ordenar la intervención de las fuerzas armadas cuando considere se trata de un asunto que amenaza la seguridad interior del país y que las autoridades locales no son capaces de reprimir; esto a petición de la legislatura de una Entidad Federativa o a consideración propia del Ejecutivo Federal.
  • Una vez identificada la “amenaza” y con la aprobación del Consejo de Seguridad Nacional se determinará la procedencia de la intervención y dentro de las 72 horas siguientes se expedirá la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior. Posteriormente, tendrá que darle luz verde el Consejo de Seguridad Nacional, y la Secretaría de Gobernación deberá avisar a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que la declaratoria sea publicada en el Diario Oficial de la Federación
  • El art. 16 dice que el Presidente de la República podrá ordenar acciones inmediatas de las fuerzas armadas “bajo su estricta responsabilidad” en casos en los que la situación amenace la integridad de los individuos o al funcionamiento instituciones fundamentales del gobierno.
  • Según lo establecido en el artículo 7 todas las acciones realizadas en cumplimiento de la aplicación de esta ley deberán respetar los Derechos Humanos y sus garantías en todo momento y sin excepciones.
  • El mismo artículo señala que de tratarse de un grave peligro para la sociedad como para aplicar la suspensión de derechos, se manejará según lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a sus leyes correspondientes.
  • Después de expedida la declaratoria de protección, se deberá establecer el plazo de la ocupación, el cual no podrá excederse de un año. Sin embargo, el Presidente de la República podrá modificar o prorrogar la vigencia y las condiciones de la declaratoria siempre y cuando la amenaza continue existiendo y se justifique el motivo.
  • Las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas estarán facultados para realizar actividades de inteligencia en materia de Seguridad Interior, utilizando cualquier método lícito para recolectar información, respetando en todo momento los Derechos Humanos reconocidos el la Constitución.